El lamentable y antipluralista, antidemocrático y autoritario cierre de la estación RCTV en Caracas, Venezuela, debería ser motivo para que los costarricenses empecemos un debate postergado durante muchos años. Años que le han costado demasiado dinero al estado, junto con oportunidades de desarrollo social y pluralidad de voces a la esa misma sociedad: el uso del espectro radioeléctrico (emisoras de radio, televisión, etc.).
Es importante señalar que los medios de comunicación electrónicos, como empresas con fines económicos al fin de cuentas, no han mostrado el más mínimo interés en propiciar ese debate, por lo que las regulaciones y la modernización de tan importante rubro siguen esperando el sueño de los injustos.
Así, mientras nos dedicamos a tirar pedradas a diestra y siniestra por lo que pasa en el exterior, también deberíamos de tener la honestidad y las agallas de decir y debatir lo que pasa con nuestras frecuencias radioeléctricas. Para aportar a ese debate, apunto algunos señalamientos:
1. Las frecuencias de radio y televisión en casi todos los países pertenecen al estado, por lo que se dan en concesión por un tiempo determinado con unas condiciones que tiene que cumplir el concesionario (entre ellas debería de estar el pago justo al estado por la concesión, cumplir con mínimos de programación nacional, educativa, entre otras). Si a la estación se le llega el vencimiento del permiso y esta no ha cumplido con los lineamientos establecidos, el permiso no debe de renovarse. Pasa lo mismo con las líneas de autobús acá en Costa Rica: si no dan un buen servicio deberían de quitársela; pero ya sabemos que acá no pasa nunca nada. Y así con todo.
2. Las televisoras y las frecuencias de radio en FM no pagan un cinco al estado y lucran miles de millones en publicidad. Sólo las que usan la amplitud modulada pagan por su uso, pero su monto es ridículo. Baste con decir que vale más el flete del mensajero. La Ley de Radio en Costa Rica data de 1954 (ley 1758), época en que al parecer se pensaba poco en la ciencia (ya que podrían llegar a usarse otras frecuencias y en diferentes formas) y aún menos en la economía, ya que ni siquiera contempla la posibilidad de hacer un ajuste según la inflación. Seguro que no existía la inflación. Esto significa que una emisora en AM le paga al estado por año un máximo de 3.000 colones (art. 18). No se menciona nada de las televisoras, aunque ya existían. Eso se mantiene al día de hoy. Cuando ahorramos y compramos una computadora creemos que tenemos lo último y lo mejor, pero apenas seis meses después ya es un tarro viejo. A esa velocidad marcha la tecnología. A esa velocidad marcha nuestra Asamblea Legislativa y nuestra puesta al día (pero para en reversa).
3. Quienes lograron pescar una frecuencia o docenas de ellas (que hay varios grupos o personas con muchas frecuencias) no tienen que preocuparse por nada, pues no tienen fecha de devolución. El estado no contempló la posibilidad de que las licencias de las estaciones tuvieran una vigencia y se perdieran si llegaran a incurrir en contradicciones con la ley o la sociedad.
4. El mercado de las frecuencias movió miles de millones de colones en la década anterior. En especial las de radio. En el país se establecieron importantes grupos que necesitaban adquirir su pedacito de espectro radioeléctrico y pagaron muchos millones por esos pedacitos inalámbricos e invisibles. Entre ellos GLR (dueña de 90.7, Bésame y otras), la Cadena Monumental (Z FM, Monumental, Reloj, 103.5 Best y varias más), y puede que la más sonada fue Radio María del célebre padre Minor quien tuvo una publicitada transacción cercana a los 200 millones de colones. ¿Cuánto recibió el estado por la “compra-venta” de esas frecuencias? Nada. Por ejemplo: ¿Cuánto recibirá la diputada Evita Arguedas por sus varias docenas de frecuencias de radio si las vende luego de una eventual apertura del ICE? ¿Cuánto recibiría el estado por esa hipotética transacción?
5. El último gran movimiento fue, como lo dije en el punto anterior, la venta del Grupo Monumental a la empresa de capital mexicano REPRETEL. Monumental pertenecía el Grupo SAMA, donde encontramos como importante accionista al presidente de la República y premio Nóbel de la Paz, don Oscar Arias Sánchez. Por lo que es posible pensar que incluso el presidente se ha beneficiado de los activos del estado.
6. Ningún gobierno ha mostrado el más mínimo interés en entrarle al tema de esta anacrónica y vetusta ley. Pesando mal, podría pensar que es por falta de tiempo, desconocimiento del asunto, el narcotráfico, la inflación, los huecos y todo ese rollo. Y pensando bien, podría pensar que hay presión de los dueños de importantes televisoras y radioestaciones, dueñas de muchas frecuencias, las que han impedido que se regule y adecue a la realidad y necesidad nacional el asunto del espectro radioeléctrico. En la Asamblea Legislativa hay varios proyectos que nunca prosperaron, pues quienes intentaron hacerlos caminar, nunca más volvieron a salir en entrevistas, ni dando declaraciones, ni nada y hasta ahí llegó la cosa. Piensa mal y acertarás, reza el adagio allá en Guápiles.
7. Es urgente modernizar el espectro, dotar de voz a las comunidades y a los diferentes grupos sociales del país. Hay que quitarle frecuencias a quienes solo las usan para repetir canales internacionales solo por cumplir con un mínimo de horas reglamentarias. Hay que racionalizar la cantidad de frecuencias en una sola mano o empresa, ya que eso es acaparamiento y hasta podría llegar a ser monopolio, todo en detrimento de la mayoría sin voz y sin acceso a los medios. Y dentro de todo eso es importante que la voz de esas comunidades y grupos de cualquier rincón de Costa Rica tenga cobertura nacional, no una pírrica frecuencia en 1.600 A.M. con capacidad para apenas unos pocos kilómetros cuadrados. Eso es construir una democracia más amplia.
Como acá prácticamente no hay ninguna legislación para las FM y las televisoras, se puede considerar como muy cómoda la posición de quienes mantienen una concesión de este tipo y se dedican a criticar lo que ocurre en el exterior, sin revisar primero lo que ocurre acá. Lo mismo ocurre con el gobierno, el cual ya externó su posición acerca de lo que ocurre en Venezuela. Eso se llama ver la paja que hay en el ojo de los demás, sin ver el zacatal que hay en los nuestros.
Ahora sí, lapiden a quien quieran.
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